En el contexto de espera de una regulación a nivel estatal por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) que termine con la fragmentación normativa en torno a los vehículos de movilidad personal (VMP), el organismo se ha pronunciado sobre las diez recomendaciones para mejorar la seguridad en el uso de los patinetes eléctricos recientemente presentadas por la OCDE.
En particular, la DGT se ha referido a las conclusiones del estudio Safe Micromobility realizado por el Foro Internacional del Transporte, un think tank internacional sobre transporte y logística integrado en la OCDE, que analiza las alternativas de micromovilidad a nivel internacional y destaca que el tráfico será más seguro si los trayectos en patinete eléctrico y en bicicleta reemplazan los viajes en automóvil.
Smart Mobility, la plataforma integrada en Adigital que agrupa a las principales compañías de movilidad compartida, aplaude que la DGT se haga eco de las principales conclusiones de este estudio e insiste en la urgencia de modificar el Reglamento General de Vehículos para clarificar las reglas de uso de los patinetes eléctricos y velar por la seguridad vial.
Entre las propuestas que recupera la DGT, destacan:
- La equiparación regulatoria del patinete eléctrico con la bicicleta, ya que comparten objetivos y funcionalidades. En particular, el informe del Foro Internacional del Transporte subraya algunos requisitos como prohibir su circulación por las aceras y limitar su velocidad de manera obligatoria a 30 km/h.
- El diseño de carriles segregados que funcionen como una red protegida y conectada para la circulación de estos vehículos.
- La necesidad de evitar una regulación excesiva que dificulta el desarrollo de la movilidad sostenible. Además, deben cumplir con las normas de circulación referentes al consumo de alcohol y drogas entre todos los usuarios de la vía como el resto de vehículos.
- La mejora en el diseño de los vehículos de movilidad personal en lo referente a la estabilidad y el agarre en la carretera o la importancia del data sharing entre las empresas operadoras del servicio de alquiler de VMP y las instituciones públicas, entre otras herramientas.
Smart Mobility, a favor de una regulación inteligente
Muchas de estas recomendaciones coinciden con las peticiones que desde Smart Mobility se han ido elevando a las diferentes administraciones públicas (locales y nacionales) en los últimos meses para favorecer una movilidad más sostenible, eficiente, inclusiva y segura en los entornos urbanos.
En particular, en relación con la fragmentación excesiva, Smart Mobility considera que es especialmente relevante en un país como España contar con un marco regulatorio flexible, inclusivo y lo más homogeneizado posible. Un marco regulatorio flexible permitiría a los operadores acelerar la innovación y el desarrollo de estas nuevas formas de movilidad sostenible orientadas a la seguridad del usuario. Además, la homogeneización normativa redundaría significativamente en un mejor servicio al usuario a nivel nacional y europeo. Adicionalmente, es relevante señalar que, a la hora de diseñar los marcos regulatorios, es necesario salvaguardar la privacidad de los usuarios y respetar la regulación en materia de protección de datos. Esto está relacionado con las obligaciones de data sharing entre los operadores y las instituciones públicas, unos requisitos que siempre deben atender al interés público.
Cabe recordar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es consciente del papel clave de la movilidad del presente y del futuro y está inmerso en el diseño de la “Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada”, que será el marco general para hacer avanzar las políticas de la movilidad del futuro con especial foco en la sostenibilidad y la seguridad.
En este sentido, Smart Mobility insiste en las grandes ventajas de la micromovilidad y su contribución determinante a objetivos más amplios como la sostenibilidad, la inclusión y la salud pública, y muestra su apuesta clara por una colaboración público-privada en la que entidades públicas y empresas privadas puedan trabajar, conjuntamente, para ofrecer soluciones de movilidad más eficientes y limpias para los ciudadanos.
