El sábado 16 de enero entraba en vigor el nuevo impuesto digital en España y, el mismo día, la Agencia Tributaria publicaba en su web el retraso de su primera liquidación, inicialmente prevista para abril. Dado que solo se encuentra aprobada la ley del impuesto, pero falta aún el reglamento y la orden ministerial de aplicación, así como la plataforma electrónica para su presentación o la resolución de dudas frecuentes, no quedaba más remedio que darse un pequeño margen. Desde Adigital, nuestra última contribución a la consulta pública del reglamento de aplicación se refiere justamente a esta cuestión, claramente también aplicable a la propia administración tributaria. Insistimos en que, tratándose de un gravamen de nueva creación, de gran complejidad técnica y administrativa, la primera declaración y liquidación del impuesto debe tener carácter anual, dando a empresas y administración tributaria el tiempo de diálogo necesario para adecuar sistemas y declaraciones.
Esta misma semana, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos publicaba su informe concluyendo el carácter discriminatorio del tributo, como ya lo hiciera respecto a los análogos aprobados en Austria, Reino Unido, Italia, India o Turquía. Del informe no se deduce ninguna represalia. Al mismo tiempo, con la nueva administración Biden se espera un carácter más dialogante: de entrada, que EEUU vuelva a sentarse en las negociaciones a nivel OCDE —que el propio EEUU impulsó para evitar impuestos unilaterales—, tras levantarse de la mesa por no lograr un safe harbour para las empresas americanas.
Precisamente, la OCDE se reunía también la semana pasada para hacer un repaso público de las contribuciones recibidas para la consulta pública del Pilar Uno (sobre jurisdicción tributaria y normas de nexo) y del Pilar Dos (sobre una tributación mínima), y se reunirá de nuevo el próximo día 27 con visos de llegar con un acuerdo al exigente plazo de mediados de 2021.
Y no termina ahí. Recordemos que el pasado 21 de julio, el Consejo Europeo alcanzaba aquel acuerdo sin precedentes para la ampliación del Marco Financiero Plurianual para la recuperación de la pandemia. La ampliación de los 750.000 consabidos millones de euros estaba condicionada, entre otros, al estudio y reforma del sistema de recursos propios de la UE con propuestas como gravar el plástico, las emisiones y, por supuesto, la economía digital. No podía ser de otra manera y, justamente el 14 y el 18 de enero, la Comisión Europea publicaba la consulta preliminar sobre un impuesto digital europeo.
Ya en 2018, la Comisión hizo su primer intento de adaptar el sistema tributario a la economía digital con dos propuestas: una para un impuesto temporal sobre determinados servicios digitales; otra, para la adaptación del sistema a largo plazo basada en la “presencia digital significativa”. Ninguna alcanzó la unanimidad necesaria a nivel europeo para prosperar, ni tampoco un nivel de acuerdo mínimo para seguir adelante con la cooperación reforzada. La propuesta de impuesto temporal, sin embargo, se tradujo en España y forma ya parte de nuestro código tributario.
Con la consulta de enero, aunque no implica compromiso de acción por parte de la Comisión Europea, vemos que se mantiene el planteamiento de un impuesto sobre determinados servicios digitales, quizás pensando en armonizar el cacao tributario que empezamos a tener en Europa, junto con un gravamen a operaciones B2B y, en paralelo a las discusiones en marcha de la OCDE, un gravamen mínimo.
La evaluación de impacto que acompaña a la consulta parece, cuanto menos, ambiciosa. Plantea el impuesto europeo, no solo como una contribución a los recursos propios de la Unión, sino también como un instrumento que contribuya a lograr los objetivos de digitalización de la UE, que equilibre el mercado digital, que complemente las recientes propuestas de regulación de servicios y mercados digitales, que no produzca distorsiones en los convenios de doble imposición, que no alimente una guerra fiscal y comercial, y que no suponga un obstáculo en las negociaciones de la OCDE y el posible acuerdo que se derive de estas. Muchas expectativas sobre un impuesto, ¿no?
Marta Becerra, directora de Asuntos Públicos de Adigital
