Crear territorios de bajas emisiones, un plan nacional para el uso de la bicicleta o incentivos para el uso de la movilidad compartida son algunas de las medidas que podrían trasladarse a nuestro país
La movilidad está cambiando. Las nuevas tecnologías, los retos medioambientales y la concentración de la población en núcleos urbanos están produciendo una transformación en el modelo y las alternativas de movilidad disponibles y en los hábitos de los ciudadanos. Sin embargo, para ser efectivo y duradero, cualquier cambio en la configuración de las ciudades debe ir acompañado también de un marco regulatorio apropiado, que impulse y no frene esa evolución.
Ese, el regulatorio, suele ser uno de los ‘talones de Aquiles’ de nuestro país (y de otros muchos) cuando hablamos de cualquier forma de innovación. Por eso, justo ahora que comienzan a darse los primeros pasos hacia una muy esperada Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano, se hace irresistible y casi obligado analizar otras soluciones y lecciones aprendidas que permitan afinar el tiro.
En el ámbito digital, hay un país que ha sabido ponerse a la cabeza en algunas de las cuestiones claves. Francia nos adelantó ya con su modelo de regulación del trabajo en plataformas y, ahora, vuelve a ofrecernos una buena hoja de ruta para definir la movilidad del futuro en nuestro país.
Desglosando la Ley de Movilidad de Francia
En materia de movilidad, Francia y España comparten retos como, por ejemplo, el peso del transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero (alrededor del 30% del total) o la preferencia del coche privado para los desplazamientos diarios. Por ello, la Ley de Movilidad de Francia, en vigor desde diciembre del año pasado, puede ser un buen referente para la futura regulación nacional.
La norma pretende modernizar el transporte en Francia, poniendo especial atención en la movilidad cotidiana, en torno a cuatro ejes principales:
- Ofrecer a todos y en cualquier lugar soluciones alternativas al coche
- Reducir la huella ecológica del transporte, en línea con el acuerdo de París
- Priorizar la inversión en las infraestructuras del transporte cotidiano
- Desarrollar la innovación y las nuevas soluciones de movilidad
La ley gala lleva a cabo un profundo cambio para facilitar alternativas alineadas con la sostenibilidad y con las necesidades de la sociedad actual, con la mirada puesta en las nuevas tecnologías. En este sentido, adquieren especial importancia las alternativas más eficientes y más amables con el entorno como la bicicleta o el vehículo compartido, o nuevas herramientas tecnológicas que permitan reducir el uso del coche privado.
Propuestas para España
Esos objetivos globales se traducen en una serie de medidas concretas, algunas de las cuales podrían trasladarse a nuestro país para avanzar hacia el modelo de movilidad deseado. Estas son:
- Crear territorios de bajas emisiones. España ya se ha adelantado a esta medida a través del proyecto de Ley de Cambio Climático, obligando a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas no más tarde de 2023. No obstante, estas zonas deben ser lo más armonizadas posibles para evitar la fragmentación normativa entre municipios, y deben permitir la adaptación paulatina de las flotas y de las infraestructuras.
- Prohibir la venta de los vehículos de combustión fósil en el año 2040. Francia pretende ser uno de los primeros en dejar atrás los coches diésel y gasolina. Es un objetivo ambicioso, pero es importante empezar a dar ya pasos en esa dirección, prohibiendo su venta (que no su circulación) para dentro de 20 años.
- Establecer incentivos al uso de servicios de movilidad compartida al puesto de trabajo. El coche es la alternativa elegida por la mayoría de los ciudadanos para desplazarse al trabajo. Por ello, la Ley de Movilidad Francesa concederá hasta 400 euros por empleado y año, cuando dicho trabajador opte por medios de transporte sostenibles, como un vehículo compartido o la bicicleta. El gobierno aportará 200 euros anuales y la empresa los otros 200, que se descontarán de impuestos o cotizaciones sociales.
- Crear un fondo nacional para el desarrollo del uso de la bicicleta. En el caso francés consta de 350 millones de euros, que se destinarán a la construcción de vías verdes, equipamientos en trenes y autobuses para su traslado y medidas de protección antirrobo. El objetivo es triplicar el uso de la bicicleta en 2024.
- Crear carriles exclusivos para coches compartidos. El concepto de “un coche, una persona” es uno de los mayores problemas en términos de movilidad. Esto se puede solventar incentivando la movilidad compartida. Para ello Francia desarrollará carriles reservados para vehículos compartidos.
- Allanar la llegada del vehículo autónomo, tanto en la experimentación como en el tráfico. La ley de movilidad francesa garantiza la circulación de vehículos autónomos para 2020/2022, con prioridad en los traslados colectivos.
En el caso de la norma francesa, estas propuestas vienen, además, acompañadas de un extenso presupuesto dedicado a implementar y alcanzar los objetivos propuestos. El gobierno francés invertirá 13.400 millones de euros hasta 2022, una inversión sin duda necesaria para que se produzca un cambio de este calibre.
Desde el diálogo y la cooperación
Así pues, hay un último punto que merece la pena destacar sobre esta ley.
La norma francesa fue lanzada en septiembre de 2017 por Elisabeth Borne, incluyendo una consulta pública que duró 3 meses. Durante ese periodo, el Gobierno organizó una serie de reuniones para que los ciudadanos pudieran proponer ideas y habilitó una plataforma online para facilitar la recepción de contribuciones. En total se recogieron 30.000 propuestas; las desarrollaron cerca de 3.000 participantes con 600 expertos. Este detalle no es baladí.
Hablamos de ciudades y de movilidad, algo que impacta directamente en el día a día de la ciudadanía. La mayoría de nuestras acciones, desde ir al trabajo hasta salir a divertirnos están mediadas por desplazamientos. En pleno siglo XXI, desarrollar una norma al margen de sus principales beneficiarios podría parecer, cuanto menos, atrevido.
La futura Ley de Movilidad Sostenible española, promovida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), está abierta a consulta pública desde el pasado 22 de julio. Este paso es fundamental. El diálogo con la ciudadanía y con los agentes sociales, públicos y privados, en los que recae directamente la movilidad, será una pieza clave para el éxito y la solidez de esta iniciativa.
La norma verá la luz a finales de año, pretende dar una ambiciosa respuesta a los retos a los que se enfrenta la movilidad en materia económica, social, medioambiental y de salud pública. Sin duda, una gran oportunidad para introducir medidas que favorezcan una movilidad de personas y mercancías basada en la sostenibilidad, la digitalización y la eficiencia.
