Adigital valora positivamente el anuncio de un principio de acuerdo sobre las transferencias internacionales de datos entre la UE y Estados Unidos

Adigital valora positivamente el anuncio de un principio de acuerdo sobre las transferencias internacionales de datos entre la UE y Estados Unidos

13 mayo, 2022

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Desde Adigital celebramos el anuncio realizado a finales de marzo sobre un principio de acuerdo en materia de transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, siendo conscientes del trabajo que aún queda por realizar para lograr un instrumento jurídico que proporcione un marco de seguridad para los derechos de los interesados en las transferencias internacionales de datos entre Europa y EEUU. Este acuerdo es una necesidad imperante desde que, hace dos años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó la Decisión 2016/1250 de la Comisión Europea, relativa al uso del Escudo de Privacidad (Privacy Shield) entre la UE y EEUU. 

El Privacy Shield tenía como objetivo ofrecer las garantías necesarias para la realización de transferencias internacionales de datos, por lo que se había perfilado como un mecanismo idóneo, ya que permitía a empresas europeas transferir datos a empresas estadounidenses que estuvieran adheridas a este marco jurídico, proporcionando seguridad jurídica y certeza legal. 

La anulación del Privacy Shield ha provocado una situación de inseguridad legal para las empresas de la economía digital, en particular, para aquellas cuyas operaciones y/o modelos de negocio se sostienen a partir de dichas transferencias internacionales de datos, para las cuales, la falta de una solución adecuada y sostenible a largo plazo, supondría un impacto negativo en el desarrollo de la economía digital a escala global y europea, así como en el despliegue de sus servicios y soluciones digitales.  

Durante estos dos años de incertidumbre, la economía digital ha consolidado su papel como palanca transformadora, siendo clave para la recuperación económica. La digitalización de la sociedad es una realidad que se ha visto especialmente acelerada por la pandemia, obligando a empresas y administraciones a acelerar su ritmo de conversión, impulsando la transformación digital.  

Esta adopción generalizada de la digitalización ha provocado que el incremento del flujo de datos entre ambas regiones, se convierta en una herramienta indispensable para la actividad económica, en un elemento vertebrador que, en muchas ocasiones, puede resultar consustancial a la actividad diaria de los usuarios de Internet, así como de cualquier empresa, medio de comunicación, entidad pública, o sin ánimo de lucro. 

Desde que la sentencia del TJUE invalidase el Privacy Shield, desde Adigital hemos defendido la necesidad del diseño de un marco viable para las transferencias de datos personales que dote de garantías y seguridad jurídica a largo plazo a este tipo de operaciones.

No obstante, desde Adigital queremos subrayar que para que el nuevo marco regulatorio se convierta verdaderamente en un instrumento que, a largo plazo, simplifique la legislación existente y elimine obstáculos innecesarios, es indispensable que el Gobierno de los Estados Unidos y las instituciones europeas inicien un diálogo con los actores afectados por la norma para asegurar que ampara las verdaderas necesidades de la economía global a la vez que respeta los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, el papel de la colaboración público-privada en el desarrollo de iniciativas como la presente, de gran calado e impacto en áreas cruciales para el desarrollo económico y social, es clave para elaborar políticas eficaces y future proof, aún más en un entorno tan innovador como el de la economía digital.

De esta manera se podrá evitar que, al poco tiempo de su aprobación, la norma pueda ser de nuevo invalidada y el sector empresarial se encuentre nuevamente ante una situación de indefensión e inseguridad jurídica con los costes económicos que se puedan desencadenar, además de las consecuencias en el comercio internacional, la competitividad de las empresas y en la protección de los consumidores y usuarios.